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Empresarios advierten que incremento salarial incidirá en el empleo

La CEPB considera que un aumento salarial significará para las MYPES una ola de cierres y despidos; para una gran cantidad de trabajadores, el cese de su relación laboral y el ingreso a la informalidad, la precarización y el subempleo.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia manifestó hoy su rechazo al tratamiento de la propuesta de aumento salarial que actualmente debaten el gobierno y la Central Obrera Boliviana, y advirtió que un eventual incremento “arriesga de manera irresponsable las pocas fuentes de empleo digno que aún se pueden sostener”.

A través de un comunicado público que fue presentado por su Presidente, Luis Fernando Barbery, la institución cupular de los privados señala que el país atraviesa por un proceso de grave crisis y contracción que, a fines de 2020, marcó una caída del 11% PIB, más alto que la registrada en la hiperinflación de 1982 (-6.5%) y comparables con la de 1954 (-9,5%).

En este contexto, la CEPB considera que un aumento salarial significará para las MYPES una ola de cierres y despidos; para una gran cantidad de trabajadores, el cese de su relación laboral y el ingreso a la informalidad, la precarización y el subempleo.

Si las empresas no pueden cubrir un aumento salarial para sus propios trabajadores, menos aún, podrán considerar la posibilidad de dar empleo a los 407.000 desocupados o a los 150.000 jóvenes que este año, entrarán en el mercado de trabajo, señala el comunicado.

Por otro lado, la Confederación cuestionó que, pese al tiempo transcurrido el gobierno no ha adoptado medidas suficientes destinadas a la reactivación y protección del sector productivo y el empleo, ni tampoco a la inmunización de la población. “Como sector empresarial privado no nos hacemos responsables por las consecuencias de las medidas que se asuman a este respecto, que beneficiando solamente al 16% de la población ocupada, inciden gravemente en el incremento del desempleo y la subocupación y, dejan de lado la atención de los verdaderos problemas que deben ocupar nuestra atención, como son la reactivación de la economía y la generación de más empleo digno (…) que, no serán posibles sin el concurso del sector privado”, señalan.

Finalmente demandan al gobierno “encaminar un proceso urgente de dialogo constructivo y exhaustivo que permita participar del diseño de las medidas destinadas a reactivar la economía, superar la crisis sanitaria y atender las necesidades de empleo de nuestra población”.

La CEPB rechaza el incremento salarial

El directivo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia argumentó en el comunicado:

  • Los datos del panorama económico en el país muestran una realidad que dista, sustancialmente, de una reactivación económica. Estamos atravesando por un proceso de grave crisis y contracción que, a fines de 2020, marcó una caída del PIB del -11.1%. Esas cifras son las más críticas de la historia moderna del país, aún mayores a las registradas en la hiperinflación de 1982 (-6.5%) y comparables con la de 1954 (-9,5%).
  • El Gobierno Nacional, pese al tiempo transcurrido y nuestras permanentes solicitudes de diálogo, no ha adoptado medidas suficientes destinadas a la reactivación y protección del sector productivo y el empleo, de tal suerte que todavía, el país espera definiciones orientadas al establecimiento de un programa sostenible y viable, que permita recuperar nuestra cotidianeidad, en condiciones de mediana normalidad.
  • Pese a este difícil momento, el sector productivo boliviano ha continuado prestando servicios y produciendo bienes, aún a riesgo de su propia supervivencia, pretendiendo, en todo momento, resguardar las fuentes de empleo formal. Adicionalmente, debe destacarse la indiscutible solidaridad demostrada entre los empleadores y trabajadores, como también a toda la población, durante la imprevista cuarentena rígida.
  • En este marco, la atención a un pedido de incremento salarial no sólo desconoce la realidad devastadora que atraviesa el sector productivo, sino lo que es más preocupante aún, arriesga de manera irresponsable las pocas fuentes de empleo digno que, aún se pueden sostener, en detrimento de aquellos trabajadores que todavía tienen la oportunidad de acceder a un empleo formal y protegido.
  • Para las MYPES, un aumento salarial significará una ola de cierres y despidos; para una gran cantidad de trabajadores, significará el cese de su relación laboral y el ingreso a la informalidad, la precarización y el subempleo. Si las empresas no pueden cubrir un aumento salarial para sus propios trabajadores, menos aún, podrán considerar la posibilidad de dar empleo al extenso número de desocupados (407.000) o a la cantidad de jóvenes que este año, entrarán en el mercado de trabajo (150.000), lo que obviamente, también se extiende hacia la imposibilidad de que el sector público absorba esta masa laboral, en condiciones de protección total.
  • La atención a las pretensiones encaminadas por la Central Obrera Boliviana, necesariamente, debe estar precedida de las consultas y examen de la realidad de los trabajadores, pero también de los empleadores bolivianos, a quienes se nos pretende obligar a absorber costos adicionales que ya no podemos solventar, ni mucho menos, asumir regulaciones adicionales que, también tengan un impacto negativo en el empleo digno y la actividad productiva formal en el país.

Como sector empresarial privado vemos con mucha preocupación las consecuencias de las medidas que se asuman a este respecto, que beneficiando solamente al 16% de la población ocupada, inciden gravemente en el incremento del desempleo y la subocupación y, dejan de lado la solución de los verdaderos problemas que deben ocupar nuestra atención, como son la reactivación de la economía y la generación de más empleo digno, la atención a la crisis sanitaria y ofrecer mejores oportunidades para todos que, no serán posibles sin el concurso, decidido y comprometido, del sector privado y de todos los actores.

Demandamos encaminar un proceso urgente de dialogo constructivo y exhaustivo que permita participar del diseño de las medidas destinadas a reactivar la economía, superar la crisis sanitaria y atender las necesidades de empleo de nuestra población.

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