La factura del conflicto

El primer semestre de 2026 deja un balance ampliamente negativo para la economía boliviana. Más allá de las diferencias en el énfasis de sus diagnósticos, tres reconocidos analistas económicos coinciden en un punto central: el país atraviesa una de las coyunturas más complejas de las últimas décadas y el margen de maniobra para revertirla durante el segundo semestre dependerá, en gran medida, de las decisiones que se adopten en materia económica, institucional y política.
La combinación de escasez de divisas, problemas de abastecimiento de combustibles, inflación, caída de la actividad productiva y una prolongada conflictividad social terminó profundizando una economía que, según los expertos, ya mostraba señales de debilitamiento antes de los bloqueos.
El economista y gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Antonio Rodríguez, recuerda que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional ya proyectaban una contracción cercana al 3% para Bolivia antes de que estallara la crisis social.
Sin embargo, sostiene que los bloqueos agravaron considerablemente ese escenario.
Según su evaluación, las pérdidas económicas alcanzaron aproximadamente 3.000 millones de dólares, afectando a los sectores productivos, comerciales y de servicios.
A ello se sumó el incremento de la inflación, particularmente en alimentos, el deterioro del empleo y la situación crítica de numerosas empresas que dejaron de generar ingresos mientras continuaban acumulando obligaciones financieras.
Rodríguez considera que el país tampoco logró resolver problemas que ya venían afectando a la economía, como la escasez de dólares, las dificultades para garantizar el abastecimiento de combustibles, la reducción de las exportaciones de gas y el creciente deterioro de la confianza.
Para Jaime Dunn, analista económico, la situación puede resumirse de manera aún más gráfica.
“El país llegó débil y los bloqueos terminaron de golpear una economía que ya estaba enferma”, sostiene.
A su juicio, el impacto fue particularmente severo para la población que depende de ingresos diarios.
Comerciantes, trabajadores independientes, pequeños productores y transportistas fueron los primeros en sufrir el encarecimiento de alimentos, la escasez de combustibles, el incremento de los costos logísticos y la pérdida de oportunidades laborales.
Dunn advierte que el efecto multiplicador de la paralización económica va mucho más allá de las cifras macroeconómicas.
“Un camión detenido en un bloqueo no representa solamente una carga inmovilizada; significa una factura que no se cobra, una deuda que no se paga y una familia que deja de recibir ingresos”, explica.
Su análisis también describe una cadena de impactos sobre toda la actividad productiva.
Productores que no pudieron comercializar sus cosechas, industrias sin acceso a materias primas, exportadores incumpliendo contratos internacionales, hoteles con cancelaciones masivas y empresas enfrentando serios problemas de liquidez conforman, según el analista, una fotografía del deterioro económico registrado durante los primeros seis meses del año.
Luis Fernando García Arce, también analista económico, coincide en que Bolivia enfrenta un escenario de estanflación, caracterizado por la combinación de recesión económica e inflación elevada.
Desde su perspectiva, la economía nacional atraviesa su momento más delicado en décadas.
A la contracción de la producción se suma una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los hogares, una reducción del consumo interno y un creciente deterioro de los ingresos empresariales.
El economista también identifica al abastecimiento de combustibles como uno de los factores que más afectó la actividad económica, al comprometer aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto mediante interrupciones logísticas que alcanzaron tanto al transporte interno como al comercio exterior.
Asimismo, advierte que la prolongación de los conflictos terminó congestionando incluso operaciones portuarias en el norte de Chile debido a la interrupción de los flujos comerciales.
Otro aspecto en el que los tres especialistas convergen es el deterioro de la confianza.
Rodríguez habla de una enorme incertidumbre política.
Dunn considera que la recuperación de la confianza no será automática y podría requerir meses o incluso años.
García Arce, por su parte, sostiene que Bolivia es percibida actualmente como una economía de alto riesgo, lo que limita nuevas inversiones y dificulta la recuperación de la actividad empresarial.
También existe consenso respecto a que la escasez de dólares continúa siendo uno de los principales problemas estructurales.
Mientras Rodríguez identifica esta situación como una de las restricciones más severas para la recuperación económica, García Arce plantea la necesidad de un sinceramiento cambiario y de fortalecer la generación de divisas mediante mayores exportaciones formales.
Dunn, por su parte, considera indispensable atraer inversión privada y generar condiciones que permitan el ingreso de nuevos dólares a la economía.
No obstante, las diferencias aparecen cuando cada experto plantea las prioridades para el segundo semestre.
Rodríguez considera que el primer objetivo debe ser garantizar el Estado de Derecho, impedir nuevos bloqueos y reconstruir la confianza mediante un trabajo coordinado entre el sector público y privado.
Propone impulsar políticas tributarias, crediticias y de generación de empleo, además de facilitar las inversiones, las exportaciones y la sustitución competitiva de importaciones.
Dunn pone mayor énfasis en reducir el gasto público, fortalecer la seguridad jurídica, asegurar el abastecimiento de combustibles y proteger el derecho al trabajo y la libre circulación.
Para él, la recuperación económica pasa necesariamente por mantener abiertos los mercados y permitir que la actividad productiva funcione sin interrupciones.
García Arce incorpora además una agenda de reformas económicas más profundas.
Sugiere revisar el sistema de subsidios, flexibilizar regulaciones para el sector privado, optimizar el gasto corriente del Estado, fortalecer la competitividad empresarial y facilitar el comercio exterior mediante reglas más previsibles.
También plantea que las empresas deberán reconstruir sus cadenas de suministro para recuperar la confianza de compradores internacionales.
Pese a sus distintos enfoques, los tres economistas coinciden en que el segundo semestre no ofrecerá una recuperación inmediata.
La inflación continuará presionando el costo de vida, la disponibilidad de divisas seguirá siendo limitada y la actividad económica probablemente mantendrá un ritmo débil mientras persistan los problemas estructurales.
Sin embargo, también consideran que aún existe margen para evitar un deterioro mayor.
La estabilidad política, la recuperación de la confianza institucional, la normalización del abastecimiento de combustibles, el fortalecimiento de la inversión y la protección de la actividad productiva aparecen como condiciones indispensables para modificar las expectativas.
El desafío ya no consiste únicamente en superar los efectos de los conflictos recientes, sino en reconstruir las bases sobre las cuales pueda sostenerse una recuperación económica duradera.
La segunda mitad del año pondrá a prueba la capacidad del país para transformar la incertidumbre en certidumbre. De las decisiones que adopten las autoridades, de la respuesta del sector privado y de la capacidad de preservar la estabilidad dependerá si Bolivia logra iniciar una lenta recuperación o profundiza un escenario que, para los especialistas, ya muestra señales inequívocas de agotamiento.