Las proyecciones económicas para Bolivia en 2026 convergen en un punto incómodo, pero claro: el crecimiento será bajo, en el mejor de los casos inferior al 1%, y en el peor, negativo. Tanto el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y CEPAL coinciden en dibujar un escenario de debilidad prolongada, con riesgos recesivos y presiones inflacionarias persistentes. No se trata de una discrepancia técnica, sino de un diagnóstico compartido que refleja tensiones acumuladas durante varios años y que hoy se expresan con mayor nitidez.
Jaime Dunn, analista financiero y excandidato presidencial, sintetiza las causas de este bajo desempeño en una combinación de factores estructurales: el agotamiento del modelo basado en el gas, subsidios y gasto público; déficits fiscales y niveles de deuda elevados; reservas internacionales mínimas y escasez de dólares; un entorno poco propicio para la inversión y las exportaciones; conflictos internos, choques climáticos e inflación que comienza a desanclarse. Su lectura no es rupturista ni aislada. Por el contrario, coincide de manera directa con los diagnósticos de los organismos multilaterales y, en varios puntos, con la hoja de ruta que el nuevo gobierno empezó a delinear.
Contexto adverso
El telón de fondo no es favorable. El Banco Mundial estima que la economía boliviana habría cerrado 2025 con una contracción cercana al -0,5% y proyecta una caída adicional de -1,1% en 2026, con extensión de la recesión hasta 2027. El FMI, por su parte, prevé un crecimiento apenas del 0,9% para 2026, mientras que la CEPAL anticipa una expansión aún más modesta, cercana al 0,5%, muy por debajo del promedio regional. Economistas locales coinciden en que la inflación seguirá siendo elevada y que el PIB difícilmente superará el 1%.
En ese marco, el gobierno de Rodrigo Paz, que asumió hace poco más de dos meses, optó por una estrategia de estabilización gradual, con señales orientadas a ordenar las variables macroeconómicas más urgentes y recuperar márgenes de credibilidad. Una de las primeras señales fue la mejora de la calificación de riesgo país por parte de Fitch Ratings, que elevó a Bolivia de “CCC-” a “CCC”. Para el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, este movimiento marca un punto de inflexión: el país habría dejado atrás una fase de deterioro acelerado y comenzaría un proceso de estabilización.
Fitch atribuye esta mejora a la reducción de restricciones políticas al financiamiento externo, los compromisos asumidos con organismos multilaterales y la eliminación de los subsidios a los combustibles. Estos elementos son relevantes no solo por su impacto inmediato, sino porque se alinean con uno de los ejes centrales que Dunn considera ineludibles: el recorte del déficit fiscal y el fin de la monetización del mismo.
Ajuste, transición y señales
Para Dunn, el horizonte crítico está en los próximos seis meses. En ese período, sostiene, el Gobierno debería concentrarse en recortar el déficit —vía subsidios, inversión ineficiente y masa salarial—, ordenar el tipo de cambio, acabar con la monetización del déficit y utilizar el financiamiento multilateral como un colchón de transición. Todo ello, acompañado de una liberación del sector privado, con énfasis en exportaciones, inversión y alianzas público-privadas, sin descuidar una protección social focalizada.
En los hechos, varios de estos puntos ya forman parte del discurso y de las metas oficiales. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas presentó objetivos concretos para 2026: reducir el déficit fiscal al 7% del PIB, desde niveles superiores al 10% en la gestión anterior, y llevarlo en 2027 a un rango de entre 3% y 4%. Para lograrlo, se prevé una reducción del gasto en combustibles y una reorganización del gasto salarial, con recortes de planillas de entre 25% y 30% mediante la eliminación de ítems irregulares.
La inflación es otro frente clave. El Gobierno estima que cerrará 2026 en un rango de entre 12% y 17%, frente al 20,5% registrado al final de 2025. Aunque sigue siendo un nivel elevado, supone una desaceleración que, de consolidarse, podría empezar a anclar expectativas.
El financiamiento externo cumple un rol central en esta etapa. En sus primeros dos meses de gestión, el Ejecutivo gestionó cerca de 8.000 millones de dólares en créditos con organismos multilaterales: 4.500 millones con el BID, alrededor de 3.100 millones con la CAF y aportes adicionales de otras entidades. Estos recursos, según el Gobierno, no se destinarán a gasto corriente ni a la importación de combustibles, sino a la recomposición de reservas y a inversiones productivas e infraestructura, tanto a nivel central como subnacional. Dunn coincide en que este financiamiento debe ser entendido como un puente, no como una solución permanente.
Inflación: el termómetro decisivo
Más allá de los anuncios y las metas, el analista subrayó que el indicador principal para evaluar si la estrategia funciona será la inflación. En su visión, este indicador condensa en un solo número lo que está ocurriendo con el déficit, el tipo de cambio, las expectativas y la credibilidad de la política económica. Si la inflación no baja de forma clara y sostenida, cualquier proyección de crecimiento para 2026 y 2027 seguirá atrapada en una franja de entre 0,5% y 1,5%.
El tablero mínimo de seguimiento, según Dunn, incluye además la brecha cambiaria y el nivel de reservas, la evolución del déficit, los subsidios y la deuda, y señales de recuperación en inversión, empleo formal y exportaciones. No se trata de variables abstractas, sino de indicadores que reflejan si el ajuste está siendo ordenado y si el sector privado comienza a responder.
El propio Gobierno reconoce que aún quedan reformas por consolidar. Al mismo tiempo, inició un proceso de diálogo con más de 160 organizaciones sociales para ordenar la política de subvención a los combustibles, buscando preservar la estabilidad y la protección social. También prepara reformas tributarias orientadas a aliviar cargas y corregir distorsiones, así como medidas para reducir aranceles e incentivar la actividad productiva.
El escenario para 2026 continúa siendo un desafío. Las proyecciones no son optimistas y el margen de error es estrecho. Sin embargo, el cruce entre el diagnóstico de analistas como Dunn y las primeras decisiones del Ejecutivo sugiere que, por primera vez en varios años, el debate económico se está alineando en torno a un mismo punto: la estabilización es condición necesaria para volver a crecer.
Si la inflación cede y las señales de orden fiscal se consolidan, 2026 podría no ser el año del despegue, pero sí el de evitar que Bolivia sume otra década perdida.
