En medio de un año electoral decisivo, Bolivia enfrenta un ciclo económico, político y social que, según dos voces autorizadas del ámbito empresarial e institucional, exige decisiones urgentes y una estrategia de largo plazo. Tanto Gary Antonio Rodríguez Álvarez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), como Pablo Camacho, ex presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y analista económico, coinciden en que el país tiene un potencial extraordinario, pero carece de políticas públicas que lo activen.
Ambos coinciden en que Bolivia llega a los 200 años de vida en una situación “delicada” y “muy compleja”. Rodríguez subraya que el escenario económico se caracteriza por una inflación alta, doce años consecutivos de déficit fiscal, déficit comercial recurrente, mayor informalidad que nunca y un empleo cada vez más precarizado. A esto añade un alto endeudamiento y la escasez de dólares y combustibles.
Camacho complementa este diagnóstico con cifras más drásticas: la economía formal representa apenas el 16% del total, mientras que la crisis energética ya golpea la producción y el abastecimiento. “No hay diésel, no hay gasolina”, advierte, alertando que la inminente crisis del gas afectará tanto al consumo domiciliario como a la industria y la generación eléctrica.
En el plano social, Rodríguez remarca la creciente fragmentación nacional y la inestabilidad política, mientras que Camacho advierte sobre el debilitamiento del Estado de derecho, reflejado en el contrabando, la inseguridad en zonas fronterizas y la incapacidad de las fuerzas del orden para hacer cumplir la ley en ciertos territorios.
Modelo agotado y
necesidad de reformas
Ambos expertos coinciden en que el modelo económico boliviano, basado históricamente en el extractivismo, está agotado. Rodríguez recordó que, desde el oro y la plata hasta el gas natural, la economía ha dependido de recursos no renovables sin valor agregado, lo que ha impedido diversificar la matriz productiva. Camacho, por su parte, calificó de “error” la nacionalización de los hidrocarburos, señalando que la falta de inversión redujo drásticamente la capacidad exportadora y provocó la actual escasez.
Para revertir esta situación, Rodríguez plantea tres pilares: seguridad jurídica, libre acceso a mercados y políticas públicas enfocadas en productividad y competitividad. Camacho coincide en la necesidad de un nuevo marco legal para minería, hidrocarburos, energía, agricultura, litio y biotecnología, con normas modernas que atraigan inversión y tecnología.
Potencial desaprovechado
Ambos destacan que Bolivia no carece de recursos, sino de políticas públicas eficientes. Rodríguez enumeró ventajas estratégicas: biodiversidad única, abundantes recursos hídricos, diversidad climática, tierras aptas para la producción agroindustrial, ubicación geográfica estratégica y riqueza cultural capaz de impulsar el turismo. Camacho resaltó sectores como el turismo, la agroindustria, la minería y el litio, siempre que cuenten con reglas claras y estabilidad.
Los dos coinciden en que el sector privado debe ser protagonista en el desarrollo. Para Rodríguez, el Estado debe garantizar paz social, infraestructura y servicios básicos, mientras que el sector empresarial debe invertir, innovar y producir para abastecer el mercado interno y exportar. Camacho subrayó que sin seguridad jurídica y sin un entorno favorable, los sectores estratégicos seguirán estancados.
El Bicentenario como punto de inflexión
Tanto Rodríguez como Camacho ven en el Bicentenario una oportunidad para replantear la relación Estado-empresa privada y para adoptar políticas que trasciendan coyunturas y gobiernos. Ambos insisten en que el país no puede seguir cerrado al comercio internacional ni dependiente de uno o dos productos de exportación.
Rodríguez propone que el próximo gobierno establezca una visión de Estado que priorice la diversificación productiva y la apertura comercial. Camacho va más allá al pedir que los candidatos presidenciales inicien, antes de las elecciones, un diálogo con el gobierno actual para consensuar un plan económico de emergencia que garantice gobernabilidad desde el primer día.
Desafíos para
el próximo gobierno
- Reformar el marco legal de sectores estratégicos para atraer inversión.
- Diversificar la matriz productiva y energética, reduciendo la dependencia del gas y de las materias primas sin valor agregado.
- Fortalecer el Estado de derecho y la seguridad jurídica para recuperar la confianza empresarial.
- Apostar por la apertura comercial y el aprovechamiento de la ubicación estratégica del país.
- Resolver la crisis de combustibles y prevenir el colapso del suministro de gas.
- Estabilizar la economía y frenar la caída de la inversión extranjera directa.
- Controlar el contrabando y la inseguridad en zonas fronterizas y asegurar el abastecimiento de alimentos y productos básicos.
Rodríguez indicó que “No nos faltan recursos, nos faltan buenas políticas públicas”. Camacho advirtió que llegar a noviembre sin un plan consensuado se dificultará la gobernabilidad.
