Bolivia continúa mirando su futuro con expectación y nerviosismo. Rodrigo Paz, presidente del Estado Plurinacional y figura que puso fin a dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), cumplió en febrero sus primeros 100 días de gestión. En este primer tramo de mandato tomó decisiones económicas de alto impacto, que generaron tensiones políticas y lo enfrentaron al desafío mayor: estabilizar una economía erosionada por los subsidios, el déficit fiscal y la escasez de divisas.
Desde que asumió el poder en noviembre de 2025, Paz enfrentó un escenario complejo: Bolivia tenía un sistema de subsidios que drenaba las reservas internacionales, una inflación que rondaba el 20 % y un tipo de cambio paralelo volátil debido a la escasez de dólares. Ante esta emergencia macroeconómica, el nuevo gobierno tomó medidas que, según la narrativa oficial, buscan “ordenar la casa” y devolver confianza al mercado.
La medida económica más resonante, fue la eliminación del subsidio a los combustibles. Esta política histórica, que durante décadas mantuvo precios artificialmente bajos para gasolina y diésel, fue retirada oficialmente en diciembre de 2025 mediante un decreto que ajustó los precios hacia niveles de mercado para aliviar el enorme costo fiscal que representaba su financiamiento mediante créditos del Banco Central de Bolivia.
Según registros de agencias internacionales, esto provocó un alza significativa en los precios (por ejemplo, el diésel pasó de ~3.72 a 9.80 bolivianos por litro), con el objetivo explícito de recortar parte del déficit fiscal y liberar recursos públicos para otros fines.
Además del recorte de subsidios, la administración de Paz propuso reducciones drásticas en el gasto público, con anuncios oficiales de recortes de hasta un 30 % de las erogaciones del sector estatal y la intención de eliminar o reformular impuestos que, según el presidente, desincentivaban la inversión privada.
Estas medidas de austeridad y reordenamiento presupuestario se suman a acuerdos con organismos multilaterales, como el convenio con la CAF ratifica respaldo económico por $us 3.100 millones, que busca incentivar proyectos de inversión social y de infraestructura y generar confianza entre inversores internos y externos.
De hecho, el propio Paz destacó en eventos públicos que estos compromisos financieros, junto con la reducción de las señales de riesgo país, han proyectado una imagen de estabilidad y apertura del país al mundo, lo que podría traducirse en mayor acceso a recursos y comercio exterior.
Efectos inmediatos
Los efectos de estas políticas han sido mixtos y acelerados. Por un lado, la inflación, aunque aún elevada, muestra indicios de estabilización en algunos rubros de la canasta básica, y los mercados paralelos de divisas han visto una cierta corrección hacia precios más equilibrados, según reportes oficiales.
Sin embargo, el ajuste tuvo efectos colaterales sensibles. El aumento en los precios de los combustibles impactó directamente en los costos del transporte y presionó a los hogares más vulnerables que dependían del subsidio como una forma de alivio en su economía diaria. Esta tensión socioeconómica se tradujo en críticas públicas y debates intensos dentro del país.
Más allá de la economía, uno de los desafíos para el gobierno de Paz fue la falta de gobernabilidad parlamentaria. Sin una mayoría consolidada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Ejecutivo depende de decretos supremos para implementar muchas de sus políticas económicas, lo que ya generó cuestionamientos desde varios sectores sobre la legitimidad y sostenibilidad de dichas decisiones sin respaldo legislativo firme.
voces expertas
En este contexto, Carlos Schlink Ruiz, analista económico, coincidió y define tres aspectos positivos fundamentales.
El primero, y más relevante, es la eliminación de la subvención a los combustibles. Según explicó, esta medida permitió reducir una parte del déficit fiscal que estaba siendo financiado con recursos del Banco Central de Bolivia. Para Schlink, la subvención constituía una política pública “perversa”, ya que generaba más problemas de los que resolvía: distorsionaba los precios, acostumbró a la población a pagar valores artificialmente bajos y llevó al país a consumir sus reservas internacionales para importar combustibles. Además, señaló que el esquema impedía que la economía reflejara precios reales en los distintos sectores, generando desequilibrios estructurales.
El segundo aspecto positivo es la estabilización del tipo de cambio paralelo. De acuerdo con el analista, al resolverse la provisión de combustibles disminuyó también la demanda de dólares, lo que contribuyó a ordenar el mercado cambiario. Afirmó que actualmente el mercado informal de divisas muestra un comportamiento más cercano al equilibrio entre oferta y demanda, dejando atrás dinámicas que calificó de irracionales. Asimismo, indicó que la inflación, aunque todavía elevada, ha alcanzado un nivel más estable y que varios productos han reducido sus precios, lo que considera un efecto favorable del ajuste.
El tercer elemento destacado por Schlink está vinculado a la señal que el Gobierno envía a los organismos internacionales. A su juicio, la eliminación de la subvención y las políticas de austeridad evidencian un cambio en el enfoque de las políticas públicas aplicadas anteriormente. Esto, sostuvo, ha permitido que entidades como la CAF y el BID vean con buenos ojos la posibilidad de respaldar financieramente al país. Mencionó desembolsos y compromisos crediticios orientados a financiar proyectos de inversión con impacto económico y social positivo, capaces de generar empleo, recursos y dinamismo.
Para Schlink, la eliminación de la subvención no solo contribuyó al orden fiscal, sino que también ayudó a estabilizar el mercado cambiario y a recuperar credibilidad ante la comunidad financiera internacional, sentando bases para un proceso de ajuste y reequilibrio económico.
Por su lado, Luis Fernando Arce, dijo que la nueva administración logró en pocos días, -a través de una estrategia comunicacional vinculada al acceso a créditos internacionales-, generar un retroceso y posterior estabilización del tipo de cambio. Posteriormente, se dictaron medidas de emergencia económica y, tras negociaciones con la COB, se promulgó el Decreto 5516, que incluye 32 artículos, cuatro anexos y disposiciones transitorias.
Coincidió con Schlink que el sinceramiento de los precios de los combustibles y del gas tuvo un efecto directo en el valor de los productos, provocando un reacomodo en los costos de la canasta familiar. En ese mismo decreto se establecieron nuevos gravámenes arancelarios, exenciones a la importación y otros ajustes orientados a reducir costos. También se dispusieron medidas como la jubilación preventiva, el cumplimiento de compromisos en el marco de la Comunidad Andina y diferimientos destinados a aliviar cargas económicas, entre otras disposiciones.
García observó que, al centrarse posteriormente en incrementos salariales y la creación de nuevos bonos, el Gobierno buscó paliar el descontento generado por el ajuste en los precios de los hidrocarburos. No obstante, advierte que estas acciones podrían tensionar la lucha contra la inflación si no se manejan con prudencia.
Destacó como aspectos positivos de los primeros cien días los superávits fiscales alcanzados, el freno a la especulación cambiaria, la estabilización de precios y la disminución del riesgo país, elementos que —en su criterio— configuran el principal éxito inicial de la gestión.
