Urge modificar la Ley de Pensiones 065, y encontrar el camino legal para que las AFP continúen con la administración de nuestros aportes.
Por: David Villarreal Araníbar, Consultor especialista en Seguridad Social a Corto y Largo Plazo. Socio fundador y CEO de Planifica Consultores, ofrece asesoramiento y consultoría en Seguridad Social, normas laborales y administración de nómina, con más de 18 años de trayectoria.
Todo cambio viene acompañado de mucha incertidumbre e incluso rechazo. Y eso precisamente pasó hace más de 22 años, cuando se cambió al actual Sistema de Pensiones. Por eso es importante el informar en un lenguaje fácil de comprender, evitando en lo posible los términos técnicos y donde las personas que proporcionen esa información hablen el mismo idioma.
Esta comunicación debe ser permanente, si bien no se trata de formar expertos, las personas deberían conocer lo básico del sistema, ya que una mayoría desconoce qué requisitos deben cumplir para jubilarse antes de los 58 años o que deben hacer si sufren un accidente o tienen una enfermedad. O por último, qué deben hacer los familiares de una persona fallecida.
Pero más allá de todo lo anterior, debemos empezar por un cambio de actitud frente al futuro. En nuestro país muy pocas personas planifican su vejez, y paradójicamente una mayoría, en su vejez, dependerá sólo de su pensión de jubilación.
El planteamiento sobre la sostenibilidad del Sistema de Pensiones debe ser principal y prioritario, sobre el que se debe sentar bases sólidas para que, independientemente de gobierno que esté, se consoliden políticas que realmente garanticen a las personas aportantes contar con una pensión digna.
Urge modificar la Ley de Pensiones 065, empezando por encontrar el camino legal para que las AFP continúen con la administración de nuestros aportes, así como la gestión de todas las prestaciones, tal como han estado hasta ahora, bajo la tutela de la Gestora Pública como institución contratante. Con la ventaja que ambas AFP ya tienen un software que fue perfeccionado durante estos más de 22 años.
Esta propuesta se basa en que el Estado no puede ser juez y parte, y si bien el parágrafo II del Artículo 45 de la CPE, indica que la dirección y administración de la seguridad social corresponde al Estado, en ninguna parte se prohíbe que la Gestora Pública pueda subcontratar servicios.
Con esta posibilidad nos estaríamos ahorrando mucho dinero ya que, en caso de seguir con el proyecto de la Gestora Pública, aún se tendría que pagar cerca de 11 millones de dólares a la empresa colombiana que tiene que crear el software, migrar la información de ambas AFP y hacer las pruebas necesarias para demostrar la factibilidad del sistema. Todo esto hasta septiembre de 2021. Ahora no olvidemos que la Gestora seguirá generando gastos, a la cual ya se le desembolsó 200 millones de bolivianos. Sería ideal y además necesario, saber cuánto y en qué se ha gastado hasta la fecha.
Por otro lado, se debe poner un candado legal para que los recursos de nuestros aportes, que se invierten en valores del TGN o valores del BCB, tengan un límite de inversión, y no como actualmente la Ley indica que no hay límites para invertir en esos valores.
Y en el tema de prestaciones:
- Replantear sobre el pago de la Pensión de Invalidez, que actualmente sólo es hasta los 65 años.
- Analizar los casos de personas con Pensión de Vejez que fallecen, no tienen beneficiarios pero que aún tienen saldo de su capital.
- Personas extranjeras dependientes o independientes, que aportaron poco tiempo y ya no regresarán al país.
No debemos dejar pasar más tiempo, es necesario hacer cambios que beneficien a todos los aportantes, porque somos capaces de poder inventar el futuro.
