Según análisis de expertos en economía, las proyecciones de crecimiento para 2025 son moderadas y reflejan un escenario de incertidumbre. Sin duda, Bolivia enfrenta un complejo panorama caracterizado por la caída del modelo económico basado en los hidrocarburos. Aunque sectores como la agroindustria muestran resiliencia, la estabilidad dependerá de reformas que promuevan la diversificación y atraigan inversión privada para impulsar la economía.
El presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, destacó la necesidad de implementar reformas estructurales para reactivar la economía y generar ingresos en divisas. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), Bolivia crecería un 1,6% en 2024 y un 2,2% en 2025, mientras que el Banco Mundial proyecta cifras más conservadoras de 1,4% y 1,5%, respectivamente. Proyecciones internas, ilustradas en el Gráfico 1, estiman un crecimiento de 1,90% para 2024 y un descenso al 1,50% en 2025. Estas discrepancias evidencian un entorno económico marcado por incertidumbre, inestabilidad política y desafíos financieros persistentes.
Por otro lado, el Proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) es optimista al prever una tasa de crecimiento del 3,70% para 2024 y 3,51% para 2025. La diferencia significativa entre las estimaciones gubernamentales y las de organismos internacionales resalta la necesidad de un análisis más riguroso y realista sobre los factores estructurales que limitan el crecimiento económico.
Bolivia enfrenta un riesgo país de 1.801 puntos, según el índice EMBI, situándose como el segundo más alto de la región, solo por debajo de Venezuela. Este indicador refleja la creciente percepción de riesgo por parte de los inversores internacionales y representa un desafío económico crítico.
Un riesgo país elevado tiene las siguientes implicancias: Aumento del costo de financiamiento externo. La percepción de mayor riesgo obliga al país a pagar tasas de interés más elevadas por sus préstamos, limitando el acceso a recursos internacionales.
Reducción de la inversión extranjera directa (IED). Los inversores buscan destinos con menor riesgo, lo cual desvía los flujos de capital a economías más estables.
Impacto en la confianza interna. Genera incertidumbre entre actores económicos nacionales, afectando decisiones de inversión y consumo.
“Es necesario implementar políticas para recuperar la confianza internacional, mejorar la calificación crediticia y reducir el riesgo país mediante una gestión fiscal transparente y sostenible”, dijo Akamine
Reservas Internacionales Netas (RIN) y la crisis cambiaria
Desde 2015, Bolivia ha experimentado una caída sostenida en las Reservas Internacionales Netas (RIN). Esta situación se agudizó a finales de 2023 y principios de 2024, exacerbando la escasez de dólares y el surgimiento de un mercado paralelo donde el tipo de cambio oscila entre 11 y 12 Bs por dólar.
El debilitamiento de las reservas tiene consecuencias críticas que tienen que ver con el riesgo para la balanza de pagos, pues la falta de divisas limita las importaciones de bienes y servicios esenciales, incrementando los precios internos y afectando la competitividad.
Así también, la pérdida de confianza financiera nos muestra en el mercado internacional como un país con bajo respaldo financiero, elevando el costo del crédito y dificultando nuevas emisiones de deuda.
Por otro lado, la incertidumbre sobre la estabilidad económica provoca fuga de capitales y una mayor demanda de dólares, retroalimentando la crisis.
Entre la incapacidad y la inacción
Walter Morales Carrasco, Analista económico
Ante un cierre de gestión y el inicio de una nueva, corresponde hacer un balance de situación y perspectivas de la economía boliviana. El año que concluye nos deja varias preocupaciones, contabilizando lo observado entre las peores variables de los últimos 20 años.
Un nivel de crecimiento que sería aún positivo, pero con serias dudas. Complementado con un fuerte aumento de los precios, en torno al 10%, aún contenido, lo que nos lleva a coincidir en el término que se describe en la literatura como una estanflación que inicia.
Todo lo anterior, explicado por varios factores.
En lo externo, un entorno complicado, con tasas de interés al alza y varios fenómenos principalmente geopolíticos y tecnológicos que han elevado la incertidumbre, afectando más a países estructuralmente vulnerables como el nuestro.
Con relación a lo interno, una mezcla de efectos y desaciertos de medidas que se vienen acumulando y han empezado a explotar por todos lados. La palabra escasez se hace común, pero sobre todo de ideas y racionalidad, a un nivel que parecería deliberado. Como si el exceso de política del último tiempo se hubiera puesto de acuerdo en cómo se debiera hacer para entrar en crisis, destruyendo la economía, porque la institucionalidad ya viene mucho más afectada. Claramente, hay una causalidad bidireccional perversa en esa relación.
Con este panorama, la pregunta de qué podemos esperar. Desafortunadamente, el Proyecto de Ley de PGE 2025 es señalizador de peores días, si no se reconduce este modelo de Estado desubicado en plena mitad de la tercera década del siglo XXI. Se intenta seguir una ilusión en las proyecciones de crecimiento, con un gasto exagerado, reflejando un déficit fiscal sin mayor control, incrementando el endeudamiento para los que vengan.
Apostar por un modelo más abierto
Jaime Dunn, Analista económico
La situación económica de Bolivia atraviesa un momento crítico. El modelo hidrocarburífero está agotado, las reservas internacionales han caído drásticamente, y el déficit fiscal, que alcanza el 12% del PIB. A esto se suma una deuda pública cercana al 80% del PIB, lo que pone en riesgo la sostenibilidad económica del país. La falta de exploración e inversión en hidrocarburos durante años ha dejado al sector en crisis, con exportaciones mínimas de gas natural y reservas probadas en niveles alarmantes. Este declive agrava los problemas de balanza de pagos y limita las opciones de financiamiento externo, generando una crisis de confianza que se refleja en la escasez de divisas.
Sectores como la agroindustria han mostrado resiliencia. En Santa Cruz, la exportación de soya y carne ha crecido, demostrando potencial para diversificar la economía. Sin embargo, esto no compensa la caída de ingresos por hidrocarburos. Además, el sector informal se accionó como un amortiguador para el empleo, pero este modelo precario está llegando a su límite.
El deterioro de la confianza internacional ha obligado al Banco Central a monetizar la deuda, una medida que presiona la inflación y erosiona aún más las reservas internacionales. El crecimiento económico, que antes superaba el 10% trimestral, se ha desplomado al 2,5%, y el país enfrenta la posibilidad de caer en estanflación: una peligrosa combinación de estancamiento económico con inflación que incrementaría la pobreza, la desigualdad y las tensiones sociales.
Las soluciones pasan por implementar reformas estructurales urgentes. Es imprescindible eliminar los controles cambiarios, reducir el gasto público y fomentar la inversión privada con incentivos y garantías jurídicas. Sectores como la minería, la manufactura y la agroindustria tienen el potencial de liderar una recuperación, siempre que se eliminen las trabas burocráticas y se respete la propiedad privada.
Si el gobierno persiste en un modelo estatista y populista, Bolivia podría enfrentar un default de deuda externa, una inflación descontrolada y un colapso del tipo de cambio fijo. Las decisiones políticas que se tomen hoy definirán el futuro del país. Es momento de actuar, apostar por un modelo más abierto y comprometernos con las reformas necesarias para retomar el camino hacia la estabilidad y el crecimiento.
