Para nadie es desconocido que el Estado nunca ha sido un buen administrador, y menos cuando se convierte en juez y parte, porque tanto la Gestora Pública como la Autoridad que la fiscalizará, dependen del Ministerio de Economía.
Por David Villarreal, Consultor especialista en Seguridad Social a Corto y Largo Plazo. Socio fundador y CEO de Planifica Consultores.
El pasado 12 de julio, el CIADI falló contra el Estado boliviano, quien deberá pagar 105 millones de dólares al grupo español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), por la nacionalización del Sistema de Pensiones, del cual una parte es administrada por BBVA PREVISIÓN AFP S.A.
Es importante recordar que el 10 de diciembre de 2010 se promulgó la Ley de Pensiones 065, y en la cual se determina que la administración del Sistema Integral de Pensiones estará a cargo de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo; cumpliendo así con el Artículo 45 de la CPE el cual indica que la administración y dirección estará a cargo del Estado.
Es así que, mediante el Decreto Supremo 2248, se constituye la Empresa Pública Nacional Estratégica denominada Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo; pero, para no hacer más largo el tema, esta empresa pública se hará cargo de la administración total del Sistema Integral de Pensiones, que a la fecha aún está a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones BBVA Previsión AFP S.A. Y FUTURO de Bolivia AFP S.A.
Dicha empresa pública tenía que iniciar sus actividades hace 6 años atrás, sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible, principalmente por los problemas que significa la migración de los datos que manejan ambas AFP, lo cual llevó a que tomaran la decisión equivocada de contratar una empresa para el desarrollo de un software propio, en vez de adquirir el software a una de las AFP, lo cual hubiera sido ideal para poder realizar la migración de una manera óptima, pero sobre todo segura. Sin embargo, se fueron por el camino más largo, difícil y caro, y contrataron inicialmente a una empresa que no cumplió con lo requerido, principal motivo que llevó a postergar el inicio de las actividades de la Gestora Pública, y que, si bien contrataron a otra empresa, se sigue esperando el tan ansiado software que permita realizar la migración de todos los datos, y que también pueda realizar todos los procesos y gestiones que se requieren.
Desde enero de 2018, de lo único que está a cargo la Gestora Pública, es de la administración y pago de la Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad) y de los Gastos Funerarios, cumpliendo con lo que manda el Decreto Supremo 3333.
El pasado mes de mayo, el actual Ministro de Economía, informó de que, a partir del próximo mes de septiembre la Gestora Pública se hará cargo del registro de los nuevos trabajadores, y que a partir de mayo de 2023 se haría cargo de la administración total de Sistema de Pensiones.
Para nadie es desconocido que el Estado nunca ha sido un buen administrador, y menos cuando se convierte en juez y parte, porque tanto la Gestora Pública como la Autoridad que la fiscalizará (APS), dependen del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Solo para recordarles, antes de que se apruebe la CPE, vigente desde febrero de 2009, las autoridades de ese entonces, concretamente el Vicepresidente, con el fin de apaciguar los reclamos de que la administración pase al Estado, dijeron que se podía tener dos AFP, una estatal y otra privada, para que así los aportantes puedan elegir. Sin embargo, sabían que ese ofrecimiento nunca se iba a cumplir, porque ya tenían definido que en la nueva CPE se establecería que la administración y dirección estaría a cargo del Estado.
Personalmente me preocupa que la administración de nuestros aportes esté a cargo del Estado, ya que independientemente del partido que esté de turno, el Estado nunca ha sido un buen administrador.
Y mi desconfianza se incrementa más con lo que determina el Artículo 142 de la Ley de Pensiones 065, que habla sobre límites de inversión, y que textualmente indica que: “Los Valores emitidos por el tesoro General de la Nación o el Banco Central de Bolivia no estarán sujetos a los límites establecidos en la presente Ley y sus Reglamentos.”
En base a esto último, creo que todos deberíamos hacernos la siguiente pregunta: ¿Será que los más de 20 mil millones de dólares, que actualmente administran las AFP, y que pasarán hacer administrados por la Gestora Pública, no corren el riesgo de convertirse en una gran “caja chica” para el Gobierno que esté de turno?
