Solo el 10% de los más de 20 mil abogados del país están capacitados para prestar un servicio correcto en las áreas empresariales.
Existen más de 20 mil abogados en el país, de los cuales, casi 15 mil se encuentran en la ciudad de Santa Cruz y solo el 10% está capacitado para prestar un correcto servicio de la profesión en las diferentes especialidades, el resto no profundiza sus conocimientos en el derecho para prestar un correcto servicio de la profesión en las diferentes especialidades, aseveró el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Julio Eguez Justiniano.
“En derecho comercial, empresarial, laboral (…) se requiere como en todas las áreas, a profesionales capacitados y los abogados no están exentos de caer en las redes de la corrupción para conseguir un trámite, una resolución, un registro, porque hoy en día todo tiene un precio, y los abogados que trabajamos para empresas privadas e internacionales estamos prohibidos de incurrir en actos de corrupción”, dijo el colegiado, a tiempo de asegurar que los abogados empresariales, suelen verse como “malos abogados” porque no consiguen “las cosas que deberían conseguir de acuerdo a la ley porque éstos no se pagan, no se corrompen”, lo que se constituye en un problema para este rubro, apuntó Eguez.
No es novedad, dijo Eguez, que el perfil del profesional jurídico se ha visto empañado en los últimos años debido a los altos índices y niveles de corrupción que surgieron en el interior de la administración de justicia, “debido a que el actual gobierno mediante el Decreto Nro 100 ordenó la no colegiatura. No obstante, el colegio de Abogados es el único ente que cumple doble función: una que es la gremial y la otra que es de carácter fiscalizador para sancionar a los abogados que incurran en actos de indisciplina y faltas graves”, añadió.
En ese sentido, el jurista señaló como una de las propuestas para solucionar esta coyuntura, la recalificación de los abogados, es decir evaluarlos y fiscalizar el ejercicio de la profesión para que disminuyan los índices de corrupción y así los abogados puedan ser eficientes en sus servicios profesionales.
DERECHO TRIBUTARIO
Por su lado, el experto en Derecho Tributario, Martín Zambrana, señaló que su su momento la Ley 2492 y Ley 843 instauraron grandes avances dentro del Derecho Tributario y significaron una evolución en los derechos del contribuyente y en el desarrollo de las Administración Tributaria.
Pero con el tiempo, señaló Zambrana, debido a los lineamientos gubernamentales de turno, estas normativas sufrieron modificaciones que por lo general fueron en desmedro del contribuyente, asimismo, valiéndose de “interpretaciones propias” el Estado comenzó a mutar la naturaleza de las normas ya establecidas para inclinar la balanza a su favor y poder recaudar más, a esto debemos agregar la capacidad que tiene la Administración Tributaria de emitir normativa en el ámbito tributario (Resolución Normativa De Directorio) normativa que es aprovechada por lineamientos gubernamentales para imponer multas, procedimientos morosos y demás, que complican aún más el escenario de los contribuyentes.
Finalmente, acotó Zambrana que dentro de este escenario adverso, los vacíos en la norma son utilizados malintencionadamente con lineamientos “pro fisco” es decir, lineamientos que solo buscan la recaudación de los tributos.
DERECHO LABORAL
Este mismo escenario se observa en el ejercicio del Derecho Laboral, coincidió André Aguilera, experto en Derecho Laboral Corporativo y Seguridad Social porque existe un exceso en las políticas de incremento salarial y dobles aguinaldos, el gobierno actual transfiere su responsabilidad de mantener una economía que favorezca al trabajador (poder adquisitivo, canasta familiar, créditos) a la empresa privada. “Dentro del sector público se están destinando los fondos económicos en cubrir las políticas salariales, disminuyendo considerablemente la inversión en áreas como la salud pública, educación y cultura”, señaló Aguilera.
Asimismo indicó que en esta área no existen políticas de incentivo a la creación de nuevas empresas, no hay incentivos tributarios, y no existen subvenciones con respecto a la seguridad social.
“No hay políticas que impidan el crecimiento del mercado informal, puesto las empresas privadas son las únicas que tributan, el mercado informal es mucho mayor y no aporta en nada a la economía del país. Falta de políticas de capacitación a los trabajadores por parte de los Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social”, apuntó Aguilera.
Además dijo que no existen reglamentos que permitan sancionar a los trabajadores indisciplinados y que causan daño a la economía de la empresa, y se debe establecer un reglamento que permita la libre contratación y desvinculación en relaciones de trabajo por temporadas comerciales, al menos dentro de los dos primeros años del inicio de una nueva empresa.
Del mismo modo, puntualizó que es importante que se apliquen normas que favorezcan a la pequeña y mediana empresa, con respecto a beneficios sociales, aportes a la seguridad social y flexibilidad tributaria.
El Centro de Conciliación & Arbitraje Cainco administra más de 800 casos por año
En ese número del 10% de profesionales jurídicos capacitados que menciona el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, se incluye los expertos que forman parte de la nómina de los Centros de Arbitraje y Conciliación que existen en el país.
La directora de Servicios Especializados del Centro de Conciliación & Arbitraje de la Cámara Industria Comercio y Turismo de Santa Cruz, Claudia Paccieri señaló que el Consejo Técnico, que es el ente consultivo que se encarga de establecer las políticas del Centro es muy exigente con los requisitos que cumpla un árbitro, cualquier profesional puede serlo, dijo, pero en la postulación del árbitro se califica la experiencia objetiva vinculada a los mecanismos de la resolución de conflictos.
El arbitraje o conciliación se desarrolla en el ámbito empresarial. Con el arbitraje institucional es posible, desde el día en que se suscribe un contrato, anticipar cuánto tiempo tarda en resolverse la controversia y anticipar los costos económicos, indicó Paccieri.
Al respecto, la responsable del área de estadísticas del Centro, Laura Salazar, indicó que existe una tabla de aranceles que establece los rangos de cuantías de los litigios y el honorario que debe cancelar, además que no debe durar más de 180 días.
“Por ejemplo, en un arbitraje por cien mil dólares, cada parte tiene que pagar, si es con un solo árbitro $us 2.800 y si es con tres árbitros es $us 4.100”, dijo Salazar.
El Centro está conformado por 75 árbitros habilitados para esta gestión, el 20% son extranjeros y el resto son nacionales y locales, considerando también la inclusión de género.
Cainco capacita constantemente a los árbitros de la nómina. En arbitraje, se tienen 350 casos recibidos para administración y 505 casos de conciliación para este año.
