La economía informal cumple en Bolivia una doble función: es un mecanismo de supervivencia frente a la crisis y, al mismo tiempo, una de las principales restricciones para elevar la productividad y sostener el crecimiento. Esa aparente contradicción atraviesa las visiones de los analistas económicos Luis Fernando Romero, José Antonio Alberti y Gonzalo Chávez, quienes coinciden en que el desafío no pasa por eliminarla de golpe, sino por transformar progresivamente sus condiciones.
Para el economista, investigador y docente universitario, Luis Fernando Romero, la informalidad funciona como una red de contención en períodos de recesión, inflación y conflictos políticos. Absorbe rápidamente mano de obra cuando las empresas formales reducen personal o cierran operaciones y permite que miles de familias encuentren ingresos en actividades como el comercio ambulante, el transporte informal, los servicios personales o el trabajo por cuenta propia.
Su aporte, sin embargo, es fundamentalmente coyuntural. Romero advierte que una informalidad cercana al 85% limita la productividad, reduce la recaudación tributaria, desalienta la inversión y genera competencia desleal frente a las empresas que sí cumplen obligaciones laborales y fiscales. Además, señala que muchos trabajadores informales carecen de aguinaldo, vacaciones, seguro de salud y aportes para la jubilación.
José Antonio Alberti, analista económico y expresidente del colegio de economistas de Santa Cruz, coincide con esa lectura, pero coloca el concepto de productividad en el centro de su análisis. A su juicio, la informalidad puede generar circulante y fuentes laborales en el corto plazo, pero difícilmente puede sostener el desarrollo de largo plazo. Los empleos informales, señala, suelen estar asociados a baja productividad, menor nivel educativo, reducida tecnificación y especialización, además de menores salarios.
Alberti cita el último dato de medición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para Bolivia que menciona en su análisis: 83,9% de la población ocupada se encontraba en el sector informal, según la medición realizada en 2004. El porcentaje, añade, supera el 90% en el área rural. También sostiene que los trabajadores informales tienen menores ingresos, menor protección y jornadas laborales más extensas.
El analista identifica tres grandes concentraciones de empleo informal: el sector agrícola y pecuario, la construcción y el transporte, y el comercio mayorista y minorista. Pero su explicación sobre la persistencia de la informalidad va más allá de las características de los trabajadores.
Para Alberti, buena parte del problema está en los costos de formalizar una micro, pequeña o mediana empresa. Menciona las obligaciones tributarias —como IVA, IT e IUE— y los costos laborales y aportes patronales como factores que pueden resultar elevados para negocios pequeños con flujos y dinámicas de mercado diferentes.
A ello suma un elemento que considera particularmente relevante para Bolivia: el contrabando. Desde su perspectiva, una pequeña empresa formal enfrenta una competencia difícil de sostener cuando debe disputar mercado con productos que ingresan ilegalmente al país a precios inferiores.
Su propuesta apunta, por tanto, a reducir los costos de formalización, crear regímenes especiales para micro y pequeñas empresas, facilitar el financiamiento y establecer condiciones diferenciadas para emprendimientos vinculados a tecnología e innovación. También plantea flexibilizar determinadas modalidades de contratación, incluyendo el trabajo parcial o por hora, y reforzar el control fronterizo para combatir el contrabando.
Romero comparte la necesidad de una transición gradual, aunque plantea una agenda más amplia de inclusión productiva. Propone un régimen simple para microemprendimientos, registro digital, tributación gradual y acceso a seguro de salud, capacitación y crédito. También plantea fortalecer la inclusión financiera mediante billeteras móviles, cuentas simplificadas y pagos electrónicos que permitan construir historial financiero.
Su visión incorpora además instrumentos de demanda. Entre ellos, menciona la posibilidad de reservar una parte de las compras públicas para microempresas formalizadas, de manera que la formalización tenga beneficios concretos. También propone programas específicos para mujeres y jóvenes, con capacitación técnica, apoyo al emprendimiento y servicios como guarderías.
En ambos casos, la formalización aparece como un proceso y no como una imposición inmediata. Romero sostiene que la meta no debería ser eliminar de golpe la informalidad, sino convertir actividades de subsistencia en emprendimientos productivos, protegidos y conectados con mercados más amplios.
La mirada de Gonzalo Chávez, analista y consultor económico, introduce un matiz diferente. Según su análisis, el desarrollo debe partir de una perspectiva estructural y de largo plazo, colocando al capital humano en el centro. Bolivia. “Se necesita dejar de depender de los recursos naturales y apostar por las personas educadas como su principal activo”.
Chávez reconoce que la economía boliviana es altamente informal, pero rechaza interpretar la informalidad únicamente como un retroceso. En ella también identifica ideas, emprendimiento y capacidad de adaptación. Su distinción está entre el emprendimiento por necesidad y el emprendimiento por oportunidad.
El primero surge para sobrevivir y, según Chávez, es el que prevalece en Bolivia. El segundo incorpora tecnología, ideas, innovación y sostenibilidad. Por ello, considera deseable avanzar hacia una mayor formalidad, pero sin perder la capacidad de emprender, innovar y generar ingresos que caracteriza a quienes operan en la informalidad.
Los tres enfoques convergen en un punto central: la informalidad puede contener los efectos de una crisis, pero no constituye por sí misma una estrategia de desarrollo. La diferencia está en el énfasis. Romero prioriza la construcción de una ruta gradual hacia la formalidad y la productividad; Alberti pone el foco en los costos tributarios y laborales, los regímenes especiales y la competencia del contrabando; Chávez destaca la necesidad de transformar el emprendimiento de supervivencia en emprendimiento basado en oportunidades, tecnología y capital humano.
Entonces, el desafío no consiste solamente en registrar a quienes hoy trabajan fuera de la economía formal. Implica crear condiciones para que la formalidad resulte viable y tenga beneficios visibles: acceso a financiamiento, capacitación, tecnología, mercados y protección social.
Para Romero, esa transformación debe convertirse en una política de Estado que involucre a todos los niveles. Alberti, en cambio, asigna una responsabilidad central al Gobierno nacional en materia tributaria y laboral, así como a las instituciones encargadas del control fronterizo. Chávez coloca el horizonte en un cambio más profundo: pasar de una economía donde predomina el emprendimiento por necesidad a otra capaz de generar oportunidades sostenibles a partir del conocimiento.
En esa tensión entre supervivencia y productividad se encuentra uno de los principales desafíos económicos de Bolivia. La informalidad ya demuestra capacidad para absorber trabajadores y mantener en movimiento la economía en momentos difíciles. La pregunta que queda abierta es si el país podrá convertir esa capacidad de adaptación en empresas más productivas, innovadoras y sostenibles.
