A medida que Bolivia se acerca a las elecciones del 17 de agosto, la discusión política se ha centrado en la corrupción, el deterioro económico y la pérdida de institucionalidad. Sin embargo, hay un tema transversal que ha sido sistemáticamente ignorado por los últimos gobiernos y que hoy debería estar en el centro del debate: la reforma de la seguridad social.
En tiempos de crisis, cuando el bolsillo aprieta y el cuerpo duele, la seguridad social deja de ser una abstracción y se convierte en una necesidad vital. Los bolivianos lo saben. Basta con visitar un hospital público o conversar con un jubilado para entender que el sistema ha colapsado en silencio.
Desde la promulgación del Sistema Único de Salud (SUS) mediante la Ley N.º 1152 en 2019, se prometió cobertura universal y gratuita. La promesa, aunque noble en el papel, se ha convertido en un acto de simulación permanente. La raíz del problema no es solo económica, sino también estructural: el SUS está centralizado, mal gestionado y carece de autonomía técnica y financiera. En un país con nueve departamentos y realidades sanitarias distintas, la lógica de control desde La Paz ha resultado contraproducente.
Respecto a los Entes Gestores de Salud, comúnmente llamadas Cajas de Salud, se han convertido en instituciones coercitivas, más enfocadas en recaudar multas y penalidades arbitrarias que en brindar atención médica digna.
Uno de los síntomas más graves es el sobredimensionamiento de personal administrativo. Mientras faltan médicos, especialistas, enfermeras y técnicos en bioimagen o laboratorio, abundan funcionarios encargados de sellar documentos, exigir formularios repetidos, archivar planillas o redactar informes que nadie lee.
La mala administración, por otro lado, no es un accidente sino una práctica crónica. Muchas direcciones nacionales y regionales funcionan como botines políticos donde las designaciones se hacen por cuoteo gremial o favores partidarios, sin importar la capacidad técnica.
Por si fuera poco, las Cajas han adoptado un comportamiento punitivo hacia empleadores, cobrando multas por mínimos errores formales, incluso cuando se trata de omisiones sin daño económico. Estas multas, lejos de ser herramientas correctivas razonables, se han transformado en una fuente de ingresos institucionales aplicada con arbitrariedad, lo cual genera descontento y sensación de abuso.
Es tiempo de que la oposición deje de improvisar y comience a construir una propuesta seria de país. La seguridad social no puede seguir siendo tratada como un gasto, sino como una inversión en ciudadanía. Para ello, se requieren cambios estructurales:
- Descentralizar el SUS, transfiriendo competencias reales a gobiernos subnacionales con capacidad operativa.
- Incorporar la participación de entidades privadas de salud, para que así los empleadores elijan la mejor opción para sus trabajadores.
- Auditar todas las estructuras organizacionales para reducir el personal administrativo innecesario y redirigir recursos a la contratación de personal médico y técnico y para inversión en infraestructura y equipamiento.
- Establecer que los directores generales y regionales de Cajas sean designados por méritos profesionales y mediante concurso público, con mecanismos de evaluación periódica, y sin injerencia de sindicatos o partidos.
- Digitalizar el 100% de los trámites, eliminar la duplicación documental, reduciendo así el tiempo y costo, tanto de los asegurados como de los empleadores.
- Regular por ley los montos y criterios para la aplicación de sanciones, prohibiendo la arbitrariedad en el cobro de multas y estableciendo mecanismos de apelación expeditiva.
- Institucionalizar todos los cargos de la Autoridad de Supervisión de los Entes Gestores de Salud.
- Publicación trimestral de informes financieros, compras, contrataciones y ejecución presupuestaria, en formato accesible y auditado por una entidad externa.
La crisis que atraviesa Bolivia puede ser el final de un modelo o el comienzo de uno nuevo. La seguridad social —salud y pensiones— debería ser el núcleo de este debate. No es suficiente hablar de democracia o crecimiento si no se garantiza a cada ciudadano la posibilidad de envejecer con dignidad o de curarse sin arruinarse.
Los candidatos opositores tienen una oportunidad histórica: dejar atrás el oportunismo y presentar una propuesta integral, seria y efectiva. Si no lo hacen, seguirán siendo parte del mismo problema que critican.
