Recientemente Bolivia cerró uno de los capítulos más costosos de su historia en materia de seguridad jurídica. El fallo del Tribunal Supremo de los Países Bajos, que ratifica la condena arbitral contra el Estado boliviano, obliga al país a pagar 105 millones de dólares al grupo BBVA que, hasta el mes de 12 de mayo de 2023, fue una de las dos administradoras de fondos de pensiones que estuvo a cargo de la de la administración del sistema de pensiones, bajo la razón social de BBVA PREVISIÓN AFP S.A.
No se trata solo de una cifra. Es el precio de decisiones políticas mal ejecutadas de una defensa internacional deficiente y de una institucionalidad que, lejos de proteger al Estado, terminó debilitándolo.
- ¿Quién es responsable? La cadena de decisiones que llevó al desastre
Sería simplista atribuir este resultado a un solo actor. La responsabilidad es estructural y acumulativa, y puede dividirse en tres niveles:
a) Nivel político: la decisión sin estrategia (2010)
El origen del conflicto está en la nacionalización del sistema de pensiones que se consolidó con la nueva CPE promulgada en febrero de 2009. Y posteriormente, en diciembre de 2010, con la promulgación de la Ley de Pensiones 065. Esta decisión, en sí misma, no era ilegal ni excepcional; muchos países han reformado sus sistemas previsionales.
El problema fue otro: la forma en que se ejecutó la transición.
El propio proceso fue calificado como desordenado, con retrasos prolongados, con incertidumbre jurídica y con decisiones que afectaron directamente al operador privado.
Aquí aparece el primer gran error: se tomó una decisión estructural sin diseñar un mecanismo técnico, jurídico y financiero de salida ordenada.
b) Nivel técnico–institucional: la mala gestión de la transición
El arbitraje no sanciona la nacionalización en sí, sino el retraso injustificado en la transferencia, el manejo “caótico” del proceso y las condiciones arbitrarias durante la salida de la AFP.
Incluso se reconoce que hubo problemas en la transferencia de datos, falta de claridad en la valoración del negocio y la ausencia de acuerdos operativos con los operadores salientes.
Este es el segundo error crítico: no se aseguró continuidad técnica ni jurídica en un sistema altamente sensible.
c) Nivel de defensa internacional: una estrategia débil
Bolivia no solo perdió el arbitraje en 2022, sino que intentó anular el laudo, perdió en todas las instancias y finalmente vio consolidado el fallo como definitivo e irreversible.
Más grave aún, Bolivia ha ganado solo 2 de 28 arbitrajes internacionales.
Esto revela un tercer problema estructural: una débil capacidad del Estado para defenderse en el sistema internacional de inversiones.
¿Qué se debió hacer? (los caminos ideales): Bolivia tenía al menos tres rutas más inteligentes: - Negociación de salida estructurada: con un acuerdo económico claro, transferencia ordenada de datos y operaciones, y cierre contractual sin conflicto.
- Transición gradual real (no política): Cronograma técnico vinculante, supervisión independiente y continuidad operativa garantizada.
- Blindaje jurídico internacional: Revisión de tratados de inversión, cláusulas de salida claras y estrategia preventiva de arbitraje.
Nada de eso ocurrió de manera adecuada. - Impacto en el sistema de pensiones y la credibilidad del Estado
El Gobierno ha señalado que el fallo no afectará directamente a los fondos de pensiones, al ser estos un patrimonio autónomo.
Eso es técnicamente correcto. Pero políticamente, el daño ya está hecho.
a) Impacto en el sistema de pensiones
- Se consolida la percepción de que el sistema nació con conflictos estructurales.
- Se evidencia que la transición a la Gestora no fue institucionalmente sólida.
- Se debilita la confianza en la gestión pública del sistema.
b) Impacto en la credibilidad del Estado: Este es el punto más grave. - El fallo confirma algo que los inversionistas ya perciben que, en Bolivia, la seguridad jurídica depende del gobierno de turno.
- El propio caso demuestra que no se respetaron condiciones de salida, hubo incertidumbre regulatoria y se generaron decisiones arbitrarias.
Y el resultado es claro: 105 millones de dólares de costo reputacional… además del económico.
- El Decreto Supremo 2557 (2015): la institucionalización de la irresponsabilidad
En este contexto, resulta imposible no mirar el Decreto Supremo 2557 de 21 de octubre de 2015, particularmente su artículo 5, que establece: que los funcionarios designados por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), para participar de las reuniones, comités u otras instancias donde se definan políticas previas de inversión de los fondos administrados por las AFP, no serán responsables de los daños y perjuicios que resultaren de las mismas”.
Es importante aclarar que, en esas reuniones, comités u otras instancias, también debían participar 2 funcionarios de las AFP, uno por cada una de ellas.
Este tipo de disposiciones introduce un problema de fondo:
a) Rompe el principio de responsabilidad pública
En cualquier sistema institucional responsable y serio, quien decide responde, quien gestiona rinde cuentas.
Sin embargo, acá sucede todo lo contrario, se otorga poder sin responsabilidad.
b) Genera incentivos perversos: Si un funcionario no asume riesgo personal no responde por decisiones, entonces el costo de errores lo asume el Estado (es decir, todos los bolivianos).
c) Se conecta directamente con el caso BBVA: Este fallo no es aislado. Es parte de un patrón: decisiones políticas sin sustento técnico, operadores sin responsabilidad directa y costos trasladados al Estado.
El DS 2557 no es la causa del arbitraje, pero sí refleja la misma lógica institucional que lo hizo posible. - Conclusión: el verdadero problema no son los 105 millones
El verdadero problema es que durante 20 años Bolivia ha normalizado tomar decisiones estructurales sin responsabilidad, sin planificación y sin consecuencias para quienes las adoptan.
Mientras eso no cambie, los arbitrajes continuarán, la inseguridad jurídica persistirá y el costo lo seguirá pagando el Estado. Es decir, los ciudadanos.
Porque al final, los 105 millones no los paga el gobierno de turno (que sería ideal) … Los paga el país.
Y aún falta el fallo por el juicio internacional que también interpuso la ex AFP Futuro de Bolivia, perteneciente al grupo Zurich, que, al tener el mismo argumento de BBVA, con seguridad también ganará … Y los responsables, bien gracias.
