Es necesario conformar un equipo multidisciplinario, para analizar a un alto nivel técnico y tomar decisiones sobre el futuro de la administración de nuestros aportes.
Sistema de Pensiones, un tema al que lastimosamente no se le dio la importancia en las propuestas electorales y fue totalmente relegado de los debates.
La actual Ley de Pensiones 065 fue promulgada el 10/12/10, y es el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, que señala que la dirección y administración de la seguridad social, corresponde al Estado. Es así que se consolida la desaparición de las Administradores de Fondos de Pensiones BBVA Previsión y Futuro de Bolivia, pero que por tercera vez fue postergada, en teoría hasta septiembre de 2021, por el incumplimiento de la empresa contratada para desarrollar el software, a pesar de haber recibido un pago inicial de tres millones de dólares, equivalente a más del 60% del contrato.
Es necesario conformar un equipo multidisciplinario, con la participación de representantes, tanto de los aportantes a las AFP, como del Ministerio de Economía y de las comisiones de ambas cámaras legislativas, para analizar a un alto nivel técnico y tomar decisiones sobre el futuro de la administración de nuestros aportes, considerando lo siguiente:
1.Monopolio de la Gestora Pública
Al existir sólo la Gestora Pública, los aportantes no tenemos otra opción, y debemos conformarnos con la única opción que se tendría: la Gestora Pública.
La competencia siempre es buena, nos permite comparar atención, conocimiento y en el caso que analizamos, quién nos ofrece mejor rentabilidad.
2. Centralización:
La administración estará a cargo del Estado. La Gestora Pública estará fiscalizada por el Organismo de Fiscalización (actualmente llamada Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS); y a ciencia cierta no sabemos si realmente será un cambio estructural o si solo es un cambio de nombre.
El Organismo de Fiscalización, tal como la actual APS, dependerá del Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, este a su vez depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
A su vez la Gestora Pública, también depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Conclusión: no hay independencia porque todas las nuevas instituciones vinculadas a la Ley de Pensiones 065, dependen del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
La pregunta del millón: ¿esto no los convierte en juez y parte?
4. Rentabilidad de las inversiones
Al 31/01/19 la rentabilidad nominal en BBVA Previsión AFP fue de 1.62 % y en Futuro de Bolivia AFP del 1,34 %, las más bajas y preocupantes desde que iniciaron sus actividades el 01 de mayo de 1997, que nos ha afectado negativamente a todos los aportantes, con un daño irreversible sin posibilidad de recuperación.
A partir de febrero de 2019 la rentabilidad nominal fue subiendo, alcanza su pico más alto el 31/01/2020, con 4,82% en BBVA Previsión AFP y con 4,66% en Futuro de Bolivia AFP, para nuevamente ir bajando y llegar al 30/09/2020 a 3,72% y 3,79% respectivamente.
Algo por demás preocupante, ya que, con esa rentabilidad nominal, las pensiones de vejez son cada vez menores.
Y si de inversiones hablamos, les invito a leer el artículo 142 de la Ley de Pensiones 065, que se refiere a los límites de inversión. El último párrafo indica textualmente:
“Los valores emitidos por el Tesoro General de la Nación o el Banco Central de Bolivia no estarán sujetos a los límites establecidos en la presente Ley y sus reglamentos.”
Esto representa un peligro muy grande, porque al no poner límites de inversión, existe el gran riesgo, sin importar quién sea el gobierno de turno, de que la Gestora Pública pueda invertir en este tipo de valores, sin ningún límite.
En la hipótesis de que la Gestora Pública invierta un 70% de nuestros aportes en valores del TGN y del BCB, la deuda interna se incrementaría en más de 14 mil millones de dólares.
Es necesario poner un candado legal y determinar límites de inversión para inversiones en valores del TGN y del BCB, porque, de lo contrario, se pondrían en riesgo nuestros aportes, además de no ser la mejor opción de inversión por el bajo rendimiento de los intereses que genera.
5. Rentabilidad y porcentaje de aporte mensual
Para que una persona pueda jubilarse con el 70% del promedio de los totales ganados de los últimos dos años, la rentabilidad nominal no debería ser menor al 10%. ¿Será que la Gestora Pública puede garantizar ese mínimo de rentabilidad?
La duda es por demás razonable, sabiendo que las inversiones no alcanzarán el 5% de rentabilidad (y menos el 10%); por lo que las personas aportantes no podrán jubilarse ni con el 35% del promedio de los totales ganados de los últimos dos años.
6. Creación de Entidad Pública de Seguros
La Ley de Pensiones 065 también determina la creación de la Entidad Pública de Seguros, para que se haga cargo del pago de las Pensiones de Invalidez y Muerte.
Actualmente, las AFP en Bolivia cumplen esta función y lo hacen sin ningún problema. Entonces, ¿para qué seguir creando instituciones si, en el caso de consolidar a la Gestora Pública, ésta puede tranquilamente realizar esas funciones.?
7. Compra de un nuevo software
Personalmente aconsejaría de comprar el software a una de las AFP, y así se evitarían más gastos y dilaciones insulsas, con dos grandes ventajas:
- Mayor facilidad de transferencia, al momento de unificar información de todos los afiliados.
- Contar con un sistema, con más de 20 años de haber sido perfeccionado.
Si bien no hay sistema infalible, las posibilidades de errores no solamente se reducían a la mínima expresión, sino que en caso de que se den, su identificación y corrección serían más fáciles.
8Incertidumbre y desconfianza:
La historia nos ha demostrado que el Estado no ha sido, ni es, un buen administrador.
La burocracia, la ineficiencia y el control total, lastimosamente derivan en hechos de lentitud y corrupción.
Los aportantes, somos dueños de los Fondos de Pensiones, y veo con preocupación la desinformación de los aportantes, por la idea equivocada de pensar que el Estado es el que nos paga nuestra jubilación.
No queridos lectores; nuestra jubilación la pagamos nosotros, con nuestros propios aportes, y además pagando una comisión del 0.5%, que se nos descuenta todos los meses de nuestro total ganado, para una buena administración que incluye, principalmente, garantizar una rentabilidad que nos permita tener una vejez digna, y no lo que está ocurriendo ahora, y que debería preocuparnos a todos: el incremento de una población adulta mayor empobrecida.
