Gestora Pública: Una promesa que se convirtió en burocracia

En septiembre de este año se cumplirán tres años desde que la Gestora Pública asumió, de forma parcial, la administración del Sistema Integral de Pensiones. Y ya pasaron más de dos años desde que tomó el control total. Sin embargo, lo que muchos esperábamos —empleadores, trabajadores y derechohabientes— era que, como mínimo, se mantuviera el nivel de atención que brindaban las anteriores Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Incluso, teníamos la esperanza de que los trámites fuesen más ágiles y accesibles. Pero la realidad ha sido otra.
Desde el inicio, el camino fue cuesta arriba. Los empleadores tuvimos que volver a registrarnos y presentar toda la documentación que ya había sido entregada a las ex AFP. Nos dijeron que era para “actualizar” la información, pero en algunos casos ni siquiera lo hicieron bien.
Después vinieron los retrasos. Trámites que estaban avanzando en las AFP quedaron estancados por semanas, meses y hasta años, porque —según la Gestora— la transferencia de información no se había completado. La excusa fue el traspaso, pero eso no justifica la demora, menos aun cuando la gente está esperando algo tan sensible como su pensión.
Uno se pregunta: ¿no hubo una transición planificada? Todo apunta a que fue improvisada. Probablemente, también hubo problemas de compatibilidad entre los sistemas informáticos. Lo cierto es que los errores y las inconsistencias son frecuentes, y quienes terminan pagando los platos rotos son los usuarios.
A esto se suma la falta de coherencia en las respuestas que dan los funcionarios: que el sistema está en mantenimiento, que hay demasiado trabajo, que el personal es nuevo, o que las ex AFP cometieron errores en la acreditación de planillas. El discurso cambia, pero el problema persiste.
Y como si fuera poco, la atención está centralizada en La Paz. Es el viejo estilo de la burocracia estatal: formularios, cartas de reclamo, fotocopias y la clásica frase: “vuelva la próxima semana”.
La expectativa era que la Gestora Pública supere a las AFP. Sin embargo, la experiencia ha sido muy distinta. Para muestra, un ejemplo reciente: están llamando a personas que ya concluyeron su trámite hace un año, para que vuelvan a firmar una notificación “pendiente”. Algunas de estas personas reciben pensiones menores a mil bolivianos y deben gastar en pasajes para ir a firmar un papel. Alguien dirá: “son solo Bs 5 o Bs 10”, pero para muchos eso significa el almuerzo del día. Lo justo sería que les devuelvan ese dinero, porque el error no fue suyo.
Todos sabemos que ningún sistema es perfecto. Pero lo preocupante es que estos errores son frecuentes y, en vez de ofrecer soluciones, solo se justifican diciendo: “hay otros que están esperando más tiempo”.
Por eso, sigo creyendo firmemente que la competencia es fundamental. El monopolio de la Seguridad Social en Bolivia genera una serie de problemas que afectan la calidad, accesibilidad y eficiencia de los servicios que deberían proteger a la población. Sin competencia ni incentivos para mejorar, el sistema se vuelve lento, burocrático y muchas veces corrupto. Para garantizar un mejor servicio a los ciudadanos, sería beneficioso considerar alternativas como la descentralización, la participación de entidades privadas reguladas y la modernización del sistema a través de nuevas tecnologías y procesos administrativos más eficientes.
Cuando hay opciones, los servicios mejoran. En cambio, cuando se instala un monopolio, las fallas se normalizan y la gente termina resignándose.